Ley de Segunda Oportunidad: ¿puedo acogerme?

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Quizá hayas oído hablar recientemente del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, conocido popularmente como Ley de Segunda Oportunidad.

Esta ley ofrece una alternativa para aquellos particulares y autónomos que, por diferentes motivos, no pueden hacer frente a sus compromisos económicos y se encuentran en una situación de insolvencia económica. Acogiéndose a esta ley, tanto particulares como trabajadores autónomos pueden llegar a exonerarse de sus deudas, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los 5 millones de euros.

¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Hasta la llegada de este real decreto, la ley solo ofrecía mecanismos para la cancelación o exoneración de deudas a personas jurídicas o empresas, a través del mecanismo conocido como concurso de acreedores. La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada principalmente para ofrecer un mecanismo similar a particulares y autónomos, que hasta ahora no tenían más remedio que responder a sus deudas y compromisos económicos con su patrimonio personal presente y futuro.

De este modo, cualquier persona física que se encuentre en una situación de insolvencia demostrable y que sea considerado de buena fe, podrá acogerse a esta ley e iniciar el procedimiento correspondiente. En este momento te preguntarás qué significa que el deudor sea considerado de buena fe, un punto clave desde el punto de vista de la ley, y la respuesta se resume en los siguiente 4 puntos:

Que el deudor haya intentado llegar a una acuerdo extrajudicial con sus acreedores antes de iniciar el proceso.
Que juez no considere que la situación de insolvencia del deudor haya sido provocada a propósito por el propio deudor. Es decir, que se haya llegado a la situación actual sin mala fe por parte del deudor.
Que el deudor no haya sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, y que en los últimos 10 años el deudor no se haya acogido ya a la Ley de Segunda Oportunidad.
Que el deudor no haya rechazado ninguna oportunidad de empleo adecuada a su capacidad en los 4 años últimos años.

¿Qué tipo de deudas puedes exonerar con la Ley de Segunda Oportunidad?

En principio, con la Ley de Segunda Oportunidad puedes llegar a exonerarte de todo tipo de deudas, a excepción de las contraídas con las Administraciones Públicas, como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

A continuación te resumimos las deudas más comunes a incluir en el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad:

Deudas con otras personas físicas.
Deudas con empresas.
Deudas hipotecarias.
Deudas de préstamos personales.
Deudas de tarjetas de crédito.

¿Cuál es el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad?

Básicamente, el procedimiento que fija la Ley de Segunda Oportunidad se puede dividir en tres pasos, que te explicamos a continuación:

Acuerdo extrajudicial: Se solicitará el nombramiento de un mediador concursal y el deudor intentará llegar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, con el objetivo de acordar una reducción sustancial del pasivo ante la imposibilidad de hacer frente al mismo.
Solicitud de "concurso de acreedores": Si no se consigue llegar a un acuerdo extrajudicial entre deudor y acreedores, se solicitará algo similar a un concurso de acreedores para personas físicas, en el que se intentará demostrar la situación de insolvencia del deudor y la consecuente imposibilidad de hacer frente a los pagos.
Solicitud de exoneración del pasivo en sede judicial: Ante la situación de no contar con un acuerdo con los acreedores y el no poder hacer frente a las deudas, se solicitará la exoneración total de pasivo. Si el juez lo considera así, se dictará sentencia exonerando al deudor del pago de todas las deudas.

Esperamos que este artículo te haya servido para entender los detalles de esta ley y lo que implica. Todos deberíamos tener derecho a una segunda oportunidad, siempre que no hayamos actuado de mala fe, y esta ley viene a dar respuesta a esa necesidad.

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