Tu nómina se reducirá este 2024, te contamos por qué

La reducción de las nóminas en España a partir de enero de 2024, motivada por el aumento en el porcentaje del impuesto destinado al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), es una medida de relevancia en el ámbito económico y social del país. Este cambio tiene un impacto directo en los trabajadores, las empresas, y en la sostenibilidad del sistema de pensiones, siendo un tema de debate y análisis en diversos sectores de la sociedad española.

España, al igual que muchos países europeos, de hacer frente al desafío de mantener un sistema de pensiones sostenible en medio de una población cada vez más envejecida. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, introducido como parte de las reformas del sistema de pensiones, busca asegurar la viabilidad a largo plazo de las pensiones, distribuyendo de manera más equitativa la carga financiera entre las generaciones presentes y futuras.

A partir de enero de 2024, se ha decidido incrementar el porcentaje del impuesto destinado a este mecanismo, lo cual supone un aumento en las contribuciones sociales tanto por parte de los trabajadores como de los empleadores. Concretamente, el MEI es un 0,6% de la base de cotización, que se reparten en un 0,5% a cargo de la empresa y un 0,1% a cargo del trabajador o trabajadora. 

Este incremento tiene como objetivo generar ingresos adicionales que ayuden a equilibrar las cuentas del sistema de pensiones, afectadas por la creciente relación entre pensionistas y trabajadores activos. No estamos hablando de porcentajes muy elevados, pero en un entorno en el que la presión fiscal es elevada y las bases de cotización son reducidas, sin duda suponen un esfuerzo importante para muchos trabajadores.

Adicionalmente, en el recientemente aprobado Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, se prevé un incremento de la cotización por el MEI hasta el 1,2% de la base de cotización a partir del 2029, con un 1% a cargo de la empresa y un 0,2% a cargo de trabajador.

Este aumento en el impuesto ha generado un amplio debate en España. Por un lado, hay quienes defienden la medida como necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y la equidad intergeneracional. Por otro lado, críticos argumentan que la medida pone una presión adicional sobre los trabajadores y las empresas en un momento económico ya complicado, potencialmente afectando el crecimiento económico y la creación de empleo.

A largo plazo, la efectividad de esta medida en la mejora de la sostenibilidad del sistema de pensiones es un tema de gran interés. Si bien puede contribuir a equilibrar las cuentas a corto plazo, es fundamental evaluar su impacto en el dinamismo económico y en la demografía laboral. La adaptación a una economía con una población envejecida requiere de políticas integrales que no solo se centren en la financiación, sino también en incentivar la participación laboral, la natalidad y la inmigración.

Ante este escenario, se plantean diversas alternativas y complementos a la medida. Estos incluyen reformas en el mercado laboral para fomentar el empleo, especialmente entre los jóvenes y mayores de 50 años, incentivos para la natalidad, y políticas de inmigración que atraigan a trabajadores cualificados. Asimismo, se discute la importancia de fomentar la educación financiera para preparar a los individuos para un ahorro más efectivo de cara a la jubilación.